DE VERGÜENZA TOTAL

El título de esta columna (o post, como quieran llamarlo los señores lectores) refleja a la perfección el sentimiento que invade a los ciudadanos, con discapacidad o sin ella, ante las últimas barrabasadas del Gobierno en esta materia. Por un lado, es increíble que un Ejecutivo que cuenta con una rimbombante Vicepresidencia de Derechos Sociales no contemple la ampliación de la prestación por hijo con enfermedad grave más allá de los 18 años, tal y como se contempla en la Proposición de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular del Senado, con el fin de extender más allá de los 18 años la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

¿Dónde están los derechos sociales de unos jóvenes que necesitan parte de la economía familiar para pagar medicamentos y/o cubrir fisioterapia, tratamientos médicos, transporte y productos de ortopedia? ¿Dónde están los derechos de una economía familiar a la que el COVID-19 ha puesto en riesgo de forma preocupante para quienes conviven con enfermedades poco frecuentes? A estas personas no se las puede despachar con un «teniendo en cuenta que la citada Proposición de Ley incide directamente en los presupuestos generales del Estado en vigor, dar por concluida su tramitación sin que proceda su toma en consideración, al haber manifestado el Gobierno su disconformidad en plazo». Son personas vulnerables como pocas, y esa vulnerabilidad debe ser atajada antes que cualquier otra, venga de donde venga. A estas personas no se las puede enterrar en normativa; no se las puede enterrar en burocracias baratas; no se las puede enterrar en broncas parlamentarias de tres al cuarto. Un Gobierno, sea del color que sea, tiene la obligación de velar por los más desfavorecidos… ¿Que es una utopía? Eso ya se sabe.

Por otro lado, y aunque a priori no parezca que el nuevo modelo de factura eléctrica para los consumidores no pinta nada en esta columna de opinión, sí procede hablar del tema porque en sí mismo constituye un mazazo más a la maltrecha economía de las familias que tienen miembros con enfermedades raras. Si para los millones de consumidores “sanos” que están en el mercado regulado (PVPC, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) es un escándalo hacer frente a una nueva tarificación eléctrica que tiene como fin fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico, si para los millones de consumidores “sanos” es una auténtica putada poner lavadoras y lavavajillas a las tantas de la madrugada (con la consiguiente pérdida de horas de sueño, necesarias como el aire que respiramos), si para los millones de consumidores “sanos” es un quebradero de cabeza cuadrar cuentas por culpa del sablazo eléctrico, para las familias con una enfermedad rara en su seno esto es un verdadero desastre; ¿qué hacen, desconectar respiradores u oxígeno durante el día para ajustarse a las nuevas tarifas? ¿Qué hacen, desconectar aparatos tecnológicos que facilitan el día a día de estos enfermos? ¿Qué hacen, hipotecarse hasta las pestañas para comprar un coche eléctrico? ¿Qué hacen, elegir entre pagar los nuevos recibos o sufragar las terapias tan necesarias para estos enfermos? ¿De verdad se va a consentir esto por parte de un Gobierno que parece estar más interesado en indultar, en pelearse con las CC.AA. o en no ser más contundente con el tema de Ceuta? ¿De verdad van a continuar mirando a otro lado mientras estas personas con patologías poco frecuentes sufren carencias y atropellos de toda índole? 

De vergüenza total, que haya una Vicepresidencia de Derechos Sociales y que se permitan barrabasadas como estas.